Daniel “El Garra” Jalil admitió ante el Tribunal haber sido el líder de una organización dedicada a la preparación y a la comercialización de droga en la provincia. Lo hizo en un juicio abreviado que marcará un precedente en la Justicia Federal de Tucumán, y posiblemente del resto del país, debido a que el jefe narco recibió una pena de 10 años de prisión, la más elevada por la ley de estupefacientes desde 2009 y la más dura aplicando el procedimiento especial.
El cabecilla del clan “Los Garra”, que operaba en la zona sur de la capital, ratificó ante los jueces Gabriel Eduardo Casas (presidente) y Carlos Enrique Jiménez Montilla (Abelardo Basbús no estuvo presente) el acuerdo que habían cerrado las defensas pública y privada y el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por Pablo Camuña. Por ello, los magistrados resolvieron ese lapso de encierro y una multa de $ 24.000, accesorios legales y multa, revocando por efecto la excarcelación de que gozaba. Dictaron la prisión preventiva del enjuiciado bajo la modalidad de arresto domiciliario y la vigilancia electrónica debido a sus condiciones de salud.
“El Garra” se ha movilizado en silla de ruedas en estos años. Ayer las partes lo habían aguardado alrededor de dos horas para iniciar la audiencia oral. No llegaba por dificultades del transporte.
A través del acuerdo entre los defensores y el MPF, también reconocieron culpabilidad otros tres imputados, de los seis afectados por la investigación anticriminal: Luis Armando Gallo; Raúl Héctor Delgado y María Alicia Herrera, la ex policía integrante de la Dirección Drogas Peligrosas (Digedrop).
El primero fue sentenciado a siete años de prisión y multa de $ 20.000 por ser autor del delito de preparación de estupefacientes, “agravado por la participación de tres o más personas de forma organizada”.
En el caso de Delgado, la pena fue de cinco años de cárcel, a raíz de su intervención secundaria en la elaboración y comercialización de las sustancias, entre otras funciones, además del pago de $ 12.000 como sanción. Este presenció el debate mediante videoconferencia desde el Juzgado Federal de Orán, en Salta, debido a que se encuentra detenido en esa localidad del norte salteño.
Para ambos se dispuso la prisión preventiva y el traslado al penal de Villa Urquiza.
La “narcopolicía”
El tribunal ordenó sobre María Alicia Herrera cinco años de cárcel, inhabilitación especial de ocho años y $ 12.000 de sanción, al haber formado parte a nivel secundario en la venta de droga, y por haber sido funcionaria pública “encargada de la prevención y persecución de los delitos”. La mujer habría mantenido un trato muy familiar con los Jalil y era quien alertaba a los sospechosos sobre los operativos que la fuerza de seguridad provincial iba a llevar a cabo.
“Herrera realizó aportes desde su función pública a Daniel Jalil a través de información clasificada, en relación con los allanamientos a realizarse a través de la fuerza policial a la que pertenecía”, se expresó en el fallo del TOF.
Al igual que en el caso de “Garra”, se dispuso la prisión preventiva bajo la modalidad arresto domiciliario a causa de una “insuficiencia renal”, con seguimiento electrónico. Pero los jueces dispusieron que el médico forense de la Cámara Federal de Apelaciones determine si la condenada se encontraría en condiciones de cumplir la privación de la libertad en el penal de mujeres de la provincia.
Inédito
“La sentencia es la más alta desde 2009 por la Ley 23.737 y la más elevada que se ha dado en un proceso abreviado. Hasta ahora no habíamos tenido una condena con estas características por narcocriminalidad. En líneas generales, estamos conformes con el acuerdo”, expresó Camuña, al retirarse de la sede del TOF, ubicada en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, en la capital.
Meses atrás, Ricardo García había recibido nueve años de prisión, al ser considerado organizador de la conocida “Banda de Trayán”. Significaba una de las sentencias más rigurosas dentro de un proceso oral penal.
La audiencia se había iniciado con un retraso de cuatro horas, por la ausencia de varios imputados que hasta ayer gozaban de excarcelaciones. Dos de los acusados, Raúl Héctor y Diego Daniel Jalil -hijos del líder de la organización- no llegaron a la sala de juicio. Ante esa situación, el presidente del TOF dictó la rebeldía de estos dos y la revocación de sus excarcelaciones. Al mismo tiempo, dispuso la captura de los acusados y su prisión preventiva hasta que se fije fecha de juicio oral por el comercio de estupefacientes.
Así, el procedimiento abreviado no fue para todos. “La complejidad de la causa condiciona siempre un acuerdo, teniendo en cuenta los distintos intereses. Esa vez se arribó parcialmente”, explicó Camuña.
¿Incidieron en la posición de las defensas el valor de las pruebas en contra previstas para un posible juicio oral? “El abreviado implica la admisión por parte de los acusados sobre los hechos y las pruebas contenidas en el requerimiento de elevación a juicio”, respondió el fiscal.
El fallo judicial fijó, a la vez, el decomiso de lo secuestrado en los allanamientos durante la investigación: armas de fuego y vehículos. Pasarán a manos del Estado.
Nueve kilos de pasta base
La División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal realizó el procedimiento en San Luis al 1.600, en octubre de 2013. Los agentes federales se toparon allí con casi nueve kilos de pasta base, precursores químicos y otros elementos para cocinar, estirar y envasar la sustancia. Estos elementos servirían luego para sustentar la hipótesis de que el grupo se había dedicado al estiramiento, el fraccionamiento, la distribución y la comercialización de marihuana y cocaína.